Las nuevas tasas judiciales y su límite constitucional (STC 190/2012)

El 22 de noviembre de 2012 entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que deroga y sustituye  las tasas reguladas en el artículo 35 de la ley 53/2002, ampliando los supuestos de hecho imponible y los sujetos pasivos -pagarán también las personas físicas- e incrementando sustancialmente sus importes, que, además, comprenden una cantidad fija y otra variable que depende de la cuantía del proceso. El 15 de diciembre de 2012 se ha publicado en el B.O.E. la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que desarrolla los nuevos modelos 696 y 695 para la liquidación de dichas tasas, cuyo pago será ineludible desde el lunes 17.

La sentencia 190/2012, de 29 octubre, de la Sala segunda del Tribunal Constitucional, ponente Francisco José Hernando Santiago, aborda la constitucionalidad de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso administrativo que regulaba el mencionado artículo 35 de la ley 53/2002. El Fundamento de Derecho n.º 5 dice: “(…) si se mostrase que la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculiza en un caso concreto en términos irrazonables, sí cabría considerarla como incompatible con el artículo 24.1 de la Constitución (…), lo que (..) hasta  ahora no se ha acreditado en ninguno de los asuntos sometidos a nuestro enjuiciamiento..”. (El Tribunal Constitucional ya se había pronunciado sobre las tasas declarando que la simple regulación, o existencia, de las mismas no es inconstitucional. STC 104/2012, de 10 de mayo; STC 103/2012, de 9 de mayo; STC 85/2012, de 18 de abril;  STC 79/2012, de 17 de abril; STC 20/2012, de 16 de febrero y STC 164/2012, de 1 de octubre. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantiene que la obligación de pagar tasas judiciales no es una restricción al derecho de la tutela judicial efectiva “siempre que las tasas persigan objetivos legítimos y sean proporcionadas”).

Es decir,, una tasa demasiado elevada sería contraría al mencionado artículo 24.1. Ahora bien, ¿Cuándo una tasa es demasiado elevada? La sentencia se refiere al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en general y en casos concretos. El boletín electrónico de Sepin dedicado a Procesal Civil de diciembre de 2012, refiriéndose a la sentencia mencionada, dice: “nos planteamos si las tasas de la Ley 10/2012 -fijada en 800 euros más el variable para la apelación o en 1.200 euros más variable para la casación- encajan o no en la prohibición que señala el intérprete constitucional, pues es claro que son cuantías verdaderamente impeditivas del acceso a la justicia y nuestra respuesta es que ya el Tribunal Constitucional está anticipando su inconstitucionalidad.”

La edición en papel de la revista del Colegio de Abogados de Barcelona “Món Jurídic” de noviembre de 2012 (1), publica un estudio de los costes económicos de las tasas sobre las procesos civiles, contencioso-administrativos y sociales que, dicho crudamente, pone los pelos de punta (en Catalunya hay, además de las estatales,  tasas judiciales autonómicas). Por ejemplo, un juicio verbal en el que se reclamen 3.500 €,   si hay doble instancia, comportará pagar 1.165 € en tasas. Un proceso contra una empresa en la jurisdicción social con una cuantía de 10.000 €, supondrá pagar 550 € en tasas en suplicación, más 800 €  en casación. ¿Cuántos casos concretos de indefensión por no poder acceder al derecho de tutela judicial efectiva se plantearán ante el Tribunal Constitucional?

Hasta aquí el artículo sobre la constitucionalidad de las tasas. Sin embargo, quiero hacerme eco de una anécdota explicada por Jordi Pujol en el tercer volumen de sus memorias (2), porque explica el colapso a que ha llegado la Administración de Justicia en España, que, en parte, motiva el establecimiento de las tasas. Cuando era diputado en el Congreso, antes de ser presidente de la Generalitat en 1980, fue a quejarse al entonces ministro de Justicia, Iñigo Cavero, de la situación en la que se encontraban los juzgados catalanes. El ministro le dijo que tenía razón, pero que tardarían en poder mejorar porque la Justicia española siempre había vivido en la indigencia. El ministro le explicó el “caso  del inglés”. Un ciudadano británico fue juzgado y absuelto por un homicidio. De vuelta a su país, la Justicia  le pidió copia de la documentación del proceso. Tardaron mucho en encontrarla. El legajo se usaba  para mantener en equilibrio un armario al que le faltaba una pata.

Diciembre de 2012

(1) Comissió de Normativa, “Nota informativa sobre l’entrada en vigor de la nova taxa judicial estatal”, “Món Jurídic”, revista de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona, núm 272, noviembre 2012, págs. 8-11. 
 
(2) Pujol i Soley, Jordi. “Memòries. De la Bonança a un Repte Nou (1993-2011)”, Ed. Proa, 3ª edición, Barcelona 2012, págs. 200-201.
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Acerca de Josep Térmens

Abogado especializado en el asesoramiento y la defensa técnica de particulares en alquileres, arrendamientos urbanos, comunidades de vecinos y compraventa de inmuebles. Barcelona.
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