Derecho constitucional a una vivienda digna, burbuja inmobiliaria y responsabilidad política

El Título Primero de la Constitución española, que regula los derechos y deberes fundamentales, tiene 5 capítulos. En el III, cuyo encabezamiento es “De los principios rectores de la política social y económica”, encontramos el artículo 47:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Los gobiernos presididos por Aznar López y Rodriguez Zapatero, que cuando tomaron posesión de sus cargos juraron o prometieron guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, hicieron caso omiso de este principio rector. El Gobierno de Aznar aprobó la ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones,  que modificaba la clasificación del suelo en sus artículos 7 a 11. Si leen detenidamente el artículo 9, reformado por la  Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes, se darán cuenta de que el suelo no urbanizable era una excepción a la regla de que el suelo era urbano o urbanizable. Se podía construir casi en cualquier suelo, salvo lo dispuesto en el artículo 10 para municipios carentes de planeamiento. La ley 6/1998 estuvo vigente hasta el 1 de julio de 2007. Actualmente la ley vigente es el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, Texto Refundido de la Ley de Suelo.

En el blog de Daniel Cuñado, danielcunado.wordpress.com, he leído un artículo muy interesante y más que recomendable titulado ¿FUE LA LEY DEL SUELO DE AZNAR EL ORIGEN DE LA BURBUJA INMOBILIARIA?. Explica Daniel que la liberalización del suelo era una necesidad por dos motivos: un déficit estructural de vivienda y las corruptelas y arbitrariedad de los ayuntamientos en la definición de qué era urbanizable y qué no. Dice que la liberalización del suelo provocó una burbuja inmobiliaria y una burbuja de deuda, generada por la irresponsabilidad de las entidades financieras, que concedieron créditos hipotecarios a quien se los pedian, y de los particulares, que irresponsablemente se cargaron de deudas.

Escribe Daniel: “¿Tiene la culpa Aznar y su gobierno? Pues evidentemente ellos estaban encantados con el empleo generado, la ficticia prosperidad que acarreaba, y no hicieron nada por desinflar la burbuja. Más bien al contrario, la alimentaron manteniendo desgravaciones a la compra de la vivienda y acallando cualquier mensaje negativo hacia la compra de la vivienda como vehículo de inversión. Pero no es justo convertirlos en los únicos malos de la película. Raro será quien no conozca de primera mano a algún familiar o amigo que no se haya aprovechado de la burbuja para dar algún pelotazo, cada cual a su escala. Mucho español medio daba por bueno este fenómeno y jugaba al juego que le proponía la banca. Y tampoco es que el gobierno de Zapatero cambiara radicalmente las cosas”.

En principio, podría estar de acuerdo con Daniel. Escribe Jordi Pujol en   el tercer volumen de sus memorias (1), que en Catalunya parece haberse  perdido el espíritu de “eina i feina” (herramientas y trabajo), el del “estalvi” (ahorro), el de pedir a Sant Pancraç “salut i feina” (salud y trabajo). Sin embargo, mi formación jurista me hace ver las cosas de otra manera. No se puede exigir la misma responsabilidad a los administradores de lo público,  a los gestores de las entidades financieras y a los particulares.

La Constitución, además del mencionado artículo 47, comprende más mandatos para  quienes nos gobiernan:

Artículo 51. 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Artículo 130. 1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

Artículo 131.. El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

Artículo 132. Bienes de dominio público y comunales (municipales)

Los gobernantes tenían medios legales y materiales para evitar lo sucedido.  La burbuja no era inevitable; otros países no la han padecidoNo se reguló la utilización del suelo para evitar su especulación y se especuló con el suelo y la vivienda, aumentando su precio, que no su valor, artificialmente. El sector de la construcción es muy intensivo en mano de obra -sobretodo mano de obra barata-, arrastró muchos sectores, como la madera, el cristal, el cemento, el hierro, el yeso, el ladrillo, las baldosas y azulejos, los electrodomésticos, los sanitarios y grifos, el cable, los ascensores, las antenas y la telefonía, y generó ingentes ingresos fiscales a todas las administraciones. Todos contentos. Ahora emplea a muy poca gente, no arrastra ningún sector y no genera ingresos fiscales. Paro, quiebras y déficit. Se incentivó fiscalmente la compra de viviendas (ahora desaparece la desgravación en el IRPF de la compra de viviendas para quien la compre a partir del 1 de enero de 2013 y aumenta el IVAsin que se limitara el acceso al crédito, lo que llevó a muchas personas y famílias no a vivir por encima de sus posibilidades, si no a vivir dentro de las posibilidades que el sistema crediticio les ofrecía.  Se dejó la promoción en manos privadas y, como consecuencia, hay muy poca vivienda de protección oficial. El precio de la vivienda disminuye porque hay exceso de oferta y la mayoría de ésta es propiedad de entidades financieras, algunas de las cuales, algunas cajas de ahorro, fueron y son utilizadas por los partidos políticos para sus propios fines. Se han tomado medidas fiscales para vender el stock a quien lo puede comprar pero muchos españoles, especialmente los jóvenes, no pueden acceder a una vivienda digna, ni de compra ni de alquiler, que según la Constitución tienen derecho a disfrutar. ¿Y dónde ha quedado la participación de la comunidad en las plusvalías?

Y por último, ¿Por qué se empeñan en modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento civil si no se dota a los juzgados de medios suficientes para erradicar el mal funcionamiento de la administración de Justicia que hace que los derechos de los propietarios -y el de los inquilinos- no queden suficientemente garantizados? En esto tengo mucha experiencia…..

(1) Pujol, Jordi: “Memòries. De la Bonança a un Repte Nou (1993-2011)”, Ed. Proa, Barcelona, 2012, 3ª edición.
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Acerca de Josep Térmens

Abogado especializado en el asesoramiento y la defensa técnica de particulares en alquileres, arrendamientos urbanos, comunidades de vecinos y compraventa de inmuebles. Barcelona.
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2 respuestas a Derecho constitucional a una vivienda digna, burbuja inmobiliaria y responsabilidad política

  1. Alberto dijo:

    Vamos a ver, no puede seguir afirmándose gratuitamente que fue la Ley del suelo de 1998, elaborada por el gobierno del PP, fue la causante de la burbuja inmobiliaria al liberalizar la gestión del suelo urbanizable, porque esto no es cierto. La liberalización no llego a producirse porque el TC estimó parcialmente (STC 164/2001) los recursos que contra la ley se presentaron, y los artículos que mencionas (en especial, del 9 a 11) fueron declarados constitucionales sólo si se interpretaban de acuerdo a como dijo la sentencia, lo que en la practica se tradujo en que CCAA y Ayuntamientos seguían teniendo amplias competencias para determinar que suelo era urbanizable. Y en efecto, todos estos años hubo especulación, pero de los políticos autonómicos y locales que siguieron utilizando el suelo para financiar sus administraciones.

    • Gracias por tu aportación Alberto.
      Quiero hacerte observar que en el artículo me refiero a quienes nos gobiernan, a los gobernantes, no sólo al Gobierno; incluyo los gobiernos autonómicos y locales. Aún así, en el párrafo más largo describo normativa fiscal y bancaria,que es competencia del Gobierno, y no hago mención de la acción de algunas autonomías y municipios . A los gobiernos de Aznar y Zapatero les iba muy bien el boom inmobiliario para presentar magníficas cifras macroeconómicas.
      Lo que pretendía con el artículo es poner de manifiesto que aquella frase tan socoririda de que “todos somos responsables de la crisis” no es cierta. Las administraciones públicas, especialmente el Gobierno del Estado, tienen medios a su alcance para orientar la economía hacia un sistema productivo o especulativo. Y optaron por el segundo, cortoplacista.
      Saludos
      Josep

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